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02.07.2017 | FONDOS DE SALTO GRANDE
SE CALCULABA EN 15 MILLONES DE DOLARES LA FORTUNA DEL INTERVENTOR MESTRE
La polémica en torno a la herencia de Mestre comenzó en marzo del 2003, un día después de su muerte, cuando Marta Olmedo, secretaria privada y ultima pareja del ex gobernador, con quien Mestre había tenido un hijo extramatrimonial, se presentó en el juzgado Civil y Comercial número 15, para rechazar la valuación de bienes que había hecho la familia de Mestre, con el propósito de perjudicar a su hijo, que por entonces tenía dos años de edad.
Su abogado era Jorge León, quien públicamente afirma que la familia Mestre era poseedora de una herencia de 15 millones de dólares, es decir unos 57 millones de pesos actuales. “León, abogado de la familia Olmedo sostiene que el patrimonio del ex gobernador y luego ministro del Interior de Fernando de la Rúa, rondaba los 15 millones de dólares, divididos en cuentas bancarias y propiedades nacionales y en el exterior”.
La historia siguió con desmentidas de los familiares de Mestre que, negaban las valuaciones de Olmedo, y afirmaban que los bienes del ex gobernador eran solo de 700 mil dólares; es decir unos 3,5 millones de pesos. Recordemos que primero 13 millones de dolares se convirtieron en papel cecacor y luego otros 60 millones mas en nuestra provincia y nadie hizo "denuncias penales" por esos desvíos o desaparición de los fondos de Salto Grnde que eran de todos los casereños.
El artículo, firmado por Lázaro Llorens, lo reproduce además el diario El Argentino. La nota recuerda, en detalle, el nefasto paso de los cordobeses en Corrientes. Todo por la contradictoria posición de Aguad y Mestre (hijo) respecto al pago del 82% móvil. "Ambos parlamentarios, hoy supuestos adalides de la tercera edad, están estrechamente relacionados con el primer y gran recorte que se aplicó a los jubilados en las provincias de Córdoba y Corrientes, y cuyas secuelas hasta hoy perduran. Esta es la historia", dice la nota, que la reproducimos para despertar la memoria de quienes parecen olvidar el proceso más olvidable en la historia provincial, con hechos de sangre incluidos. La nota completa:
mediados de los ’80, el entonces diputado nacional Raúl Baglini (UCR), hoy asesor del vicepresidente Julio Cobos, esbozó una teoría popularizada luego como el “teorema de Baglini”. Esta afirmaba: “Cuanto más lejos se está del poder, más irresponsables son los enunciados políticos. Cuanto más cerca, más sensatos y razonables se vuelven”.

Evidentemente que para el diputado nacional Oscar Aguad y el senador Ramón Mestre, el resignado teorema de su correligionario Baglini, que subordinaba la política a la economía, aún tiene vigencia. La semana pasada, el “Grupo A”, encabezado por la UCR, cuyo jefe de bancada es Aguad, finalmente logró presentar un dictamen único y alternativo al proyecto de presupuesto 2011 que presentó el oficialismo. En él, el radicalismo, junto a la Coalición Cívica, el Pro y el Peronismo Federal, vuelven a proponer el pago del 82% móvil a los jubilados, readecuando los ingresos que el gobierno nacional tiene previstos para el 2011.

Más allá de la discusión desatada en torno al 82% móvil, cuya ley vetó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la postura del diputado Aguad y el senador Mestre no deja de sorprender. Ambos parlamentarios, hoy supuestos adalides de la tercera edad, están estrechamente relacionados con el primer y gran recorte que se aplicó a los jubilados en las provincias de Córdoba y Corrientes, y cuyas secuelas hasta hoy perduran. Esta es la historia.

67% móvil. En 1995 el entonces gobernador Ramón Mestre (padre del senador homónimo) dictó el decreto 1777/95. Mediante él, y pese al reclamo airado de los gremios que nuclean a los empleados públicos, el ex gobernador radical modificó el método por el cual se calculaban los haberes de los jubilados provinciales cordobeses. Violando abiertamente la Constitución, Mestre, de profesión odontólogo y a quien el ex presidente Raúl Alfonsín elogiaba por actuar “sin anestesia”, estableció que los haberes de la clase pasiva debían calcularse no sobre el salario bruto del trabajador activo, como lo fijaba la ley 8.024, sino sobre el neto. De esta manera, automáticamente, los jubilados de la provincia pasaron a cobrar, el 82% del 82% móvil, es decir el 67% móvil, lo cual implicó una reducción en los haberes de un 18% y 22%.

“El decreto 1777/95 implicó un doble descuento, dado que sobre el 82% se le aplicó un descuento de otro 18%, algo que no ocurrió en ningún otro país del mundo”, relató a Veintitrés el abogado Horacio Gentile, especialista en temas previsionales. “Encima, este criterio fijado por el decreto de Mestre es el que sigue hoy el actual interventor de la Caja Santiago Giordano, y el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba”, añadió.

Por su parte, ante este medio, el gremialista Miguel Berrotarán, quien por tres décadas trabajó en la Caja de Jubilaciones de la Provincia, recordó: “El decreto 1777, que violentó la Constitución, significó para los jubilados un descuento del 30% sobre el total remunerativo. Esta quita, en esa época, se sintió duramente porque los haberes jubilatorios automáticamente pasaron a ser de un 67% respecto del activo”.

Ni el diputado Aguad ni el senador Mestre están ajenos al dictado de este ignominioso decreto. En ese entonces el “Milico” Aguad era la mano derecha del gobernador Mestre. Se desempeñaba como ministro de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social. Fue desde ese doble cargo que el actual jefe de bancada del radicalismo promovió a Carlos “Tucán” Yanicelli, un ex policía de la D2, imputado y procesado por delitos de lesa humanidad, como jefe de Inteligencia Criminal de la Policía de Córdoba.

Por su parte el senador Ramón Mestre, además de ser hijo del gobernador homónimo, a quien reivindica continuamente, tiene actualmente como principal asesor en el senado a Ramón Darwich. Ex ministro de Finanzas de Mestre padre durante todo su mandato, e ideólogo del decreto 1777/95.

“Con el paso del tiempo uno ve cómo las conductas de estos funcionarios son totalmente contradictorias. En algún momento Mestre, Aguad, Darwich y compañía apelaron a decretos para bajar las jubilaciones, y ahora como oposición, proponen aumentos, y dicen que hay gobernantes que no respetan la democracia, por que apelan a decretos”, graficó Berrotarán.

Sin anestesia. El ex gobernador Mestre, fallecido en el 2003, es oriundo de la modesta provincia de San Juan. Como sempiterno hombre de la política cultivó fama de hombre probo y honesto, a pesar de que tras su fallecimiento se conoció que tenía una fortuna de 15 millones de dólares entre cuentas bancarias, campos, propiedades en la Argentina y en el exterior. Su arribo a la gobernación aconteció en 1995, tras la debacle del angelocismo. No bien desembarcó en la Casa de las Tejas, con la asistencia de Aguad y Darwich, considerados los halcones del gobierno, aplicaron un durísimo plan que hasta el día de hoy la mayoría de los cordobeses recuerda.

Para ello, como es habitual, lo primero que hicieron el “Chancho” Mestre (así se lo apodaba) el “Milico” Aguad, y Darwich fue decretar la emergencia económica y financiera de la provincia. Luego dispusieron la privatización del agua potable, los accesos a la ciudad de Córdoba, la liquidación del vaciado Banco Social, y la emisión de 800 millones en bonos provinciales (CECOR). En materia laboral, redujeron un 30% los salarios de los agentes; echaron a miles de trabajadores contratados a la calle; redujeron en un 40% el horario laboral; eliminaron 5 de los 10 ministerios que tenía hasta ese entonces el gobierno provincial, y como broche de oro cerraron indiscriminadamente escuelas y hospitales. Entre estos la mítica “Casa Cuna”.

En este marco, una de la primeras mediadas que tomaron Mestre y Aguad fue el decreto 1777/95 de recorte de los haberes de los jubilados y pensionados de la provincia. Decreto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional en el 2007. En su fallo firmado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlo Fayt y Raúl Zaffaroni, se dictaminó que el decreto 1777/95 “alteró sustancialmente la proporción entre quienes están en actividad y quienes no”. Lo cual significó “una quita ilegítima” en el haber del jubilado, por lo que “el menoscabo patrimonial producido en los ingresos de los pasivos es evidente y no debe ser convalidado”.

“El gobierno radical de Mestre y Aguad les metió la mano en los bolsillos no solamente a los jubilados, sino a todos los trabajadores”, resaltó ante Veintitrés la legisladora Liliana Olivero, del Bloque Izquierda Socialista. “Recuerdo que en aquella época yo era trabajadora bancaria, y nos rebajaron los sueldos al niveles de la policía provincial”, completó.

¿Justicia? Hoy Aguad rasga sus vestiduras señalando las intromisiones del kirchnerismo en la Justicia, a través del Consejo de la Magistratura que él integra. Sin embargo, pocos recuerdan que para poder sostener su cruda política económica, incluido el decreto 1777/95, necesitaron un Poder Judicial cómplice.

Para ello, Mestre y Aguad designaron como Fiscal General de la Provincia a Miguel Ortiz Pellegrini. Un abogado radical, que luego saltó a las filas del juecismo, y que el año pasado renunció a su banca de legislador tras comprobarse que, además de representar al Estado, litigaba contra él, en el juicio de los ex choferes de TAMSE, lo que le dejó honorarios por seis millones de pesos. O sea que entre la banca y el banco, optó por este último.

El tándem Aguad y Ortiz “Peligroso”–así lo llaman sus detractores– modificó sustancialmente tres aspectos clave de la Justicia mediterránea que favorecieron su control por parte del Poder Ejecutivo. Primero, con amenazas de pedidos de Jury, lograron remover a casi todo el Tribunal Superior de Justicia que respondía al angelocismo, poniendo en su reemplazo a amigos. Así, imitando a Menem –a quien Mestre admiraba, y por eso le decían menentrista–, lograron tener un Tribunal Superior de Justicia adicto, que avaló cada una de sus medidas de gobierno, entre ellas, el decreto 1777/95.

Además, Aguad y Ortiz “Peligroso” cambiaron la manera en que se tramitan las causas penales en la Justicia. Hasta la llegada de Mestre, las causas penales las diligenciaban los fiscales que estaban de turno en el momento de su inicio. Con la reforma de Aguad y Ortiz “Peligroso”, la jurisdicción de los fiscales pasó a ser por distrito. De esa manera, en los distritos donde se podían generar denuncias que salpicaran al gobierno, sobre todo en el que incluía a la Casa de Gobierno, ubicaron como fiscales y jueces a sus amigos.

Por último, en un hecho que la Corte Suprema actualmente cuestiona, Aguad y Ortiz Pellegrini designaban a los jueces y fiscales a dedo y en comisión. Es decir que ocupaban de manera provisoria el cargo, y a criterio exclusivo del Ejecutivo, lo cual era evidentemente un reaseguro para que los jueces o fiscales hicieran buena letra con el Poder Ejecutivo, si querían conservar el puesto.

Una prueba de la digitación de la Justicia ejercida de manera despótica por Mestre y Aguad, consiste en que a lo largo de su mandato, nunca convocaron a la Comisión Asesora para la designación de Magistrados. Por esta razón, en 1996, la mayoría de los integrantes de ella renunciaron, acusando al hoy diputado Aguad, miembro del Consejo de la Magistratura, “de violar el ley y favorecer el deterioro del servicio de la justicia”. En esa oportunidad, Enrique Schmall, por entonces presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, denunció: “Nos fuimos de la Comisión tras advertir serias anomalías y su absoluta dependencia del poder político en lo que hacía a la designación de varios de sus miembros, que los elige el gobernador. No podía ser un órgano consultivo serio al emitir dictámenes sin orden de mérito, sin carácter vinculante, y sin dar publicidad a sus resultados. Nunca se le dio presupuesto, jamás tuvo lugar para funcionar”. Aguad lo hizo.

Consecuencias. Las secuelas sociales de la política del gobierno radical de Mestre, Aguad y Darwich no tardaron en emerger. El 25 de agosto de 1996, unas 50 mil personas concretaron una de las mayores manifestaciones en la historia de esta provincia. Fue para oponerse a la dura reforma educativa que procuraban llevar adelante Mestre y Aguad, en acuerdo con Menem, y que en un hecho único logró juntar en un mismo lugar y hora a la Iglesia Católica y el Partido Comunista.

Tras cartón, en mayo de 1997, se desató en Cruz del Eje uno de los piquetes más conflictivos de la Argentina, luego de los de Cutral-Có y Tartagal. Fue en esa protesta, en la cual los habitantes de esa ciudad devenida a pueblo reclamaban desesperadamente trabajo y comida, donde salió a la luz que el “Tucán” Yanicelli trabajaba como jefe de Inteligencia de la policía, y que había desplegado su temible oficio en Cruz del Eje. Ese mismo año Mestre y Aguad no tuvieron empacho en compartir el palco junto al ex represor Luciano Benjamín Menéndez. Interpelado por ello, Mestre le respondió a la prensa que su actitud “no era para rasgarse las vestiduras”, ya que “no le molestaba compartir el palco con nadie”.

Las secuelas electorales tampoco tardaron en aparecer. A fines de 1998, luego de 15 años de hegemonía radical, el peronismo de la mano de José M. de la Sota ganó las elecciones en Córdoba. Lo hizo con un triunfo histórico de 10 puntos. Aun así, la dura derrota sufrida no llevó a Mestre y Aguad a revisar sus duras y antipopulares posturas. Esto se hizo evidente el 16 de diciembre de 1999, cuando el entonces presidente Fernando de la Rúa designó como interventor en Corrientes a Ramón Mestre. Este a su vez escogió, como interventor de la ciudad de Corrientes, a Oscar Aguad, y a Ramón Darwich como ministro de Hacienda y Economía. En esa oportunidad su hijo Ramón Mestre, hoy senador nacional, también decidió acompañarlo. Lo hizo no desde la función pública, sino desde un bufete de abogados que montó junto a unos ex compañeros de la facultad, para lucrar con los litigios relacionados con el poder y los bancos oficiales, como lo había hecho en Córdoba.

Por ese entonces Corrientes era un verdadero polvorín. Acefalía institucional, debacle económica, crisis social, atrasos salariales, era lo que más abundaba. Cansadas de esperar, cientos de personas decidieron cortar el puente General Belgrano, que une Corrientes con Resistencia. El corte se mantuvo durante semanas, hasta la llegada del odontólogo Mestre y su comitiva cordobesa. En la noche de su nombramiento, Gendarmería desalojó el puente a los balazos, provocando la muerte de dos jóvenes manifestantes.

Bajo esos auspicios Mestre padre e hijo, y Aguad y Darwich, desembarcaron en la capital correntina. Bajo el brazo traían el mismo libro de recetas sin anestesia que habían aplicado en Córdoba: recortes de salarios, manipulación de la Justicia, represión, y... recorte de las jubilaciones. La metida de mano en el bolsillo a los jubilados se cristalizó luego de decretar la emergencia económica, mediante los decretos 22/2000 y 167/2001, con los cuales, igual que con el decreto 1777/95, redujo los haberes de los jubilados correntinos, a la vez que les cercenó otros derechos.

“Los decretos del doctor Mestre recortaron los derechos que estaban previstos desde el año 1995 en la ley 4.917, aún vigente. Mediante él, los jubilados correntinos dejaron de percibir el 82% móvil y pasaron a cobrar un haber mucho menor en comparación con el trabajador activo”, explicó a Veintitrés la doctora Carolina Macarrein, asesora legal del Centro de Jubilados y Pensionados de la provincia de Corrientes. “Este decreto lo aplicaron Mestre (interventor de la provincia) y Aguad (interventor de la municipalidad) y fue muy perjudicial para los pasivos correntinos, porque hasta el día de hoy tiene vigencia y estamos solicitando su inconstitucionalidad”, concluyó Macarrein.

No obstante, la expedición cordobesa en Corrientes no salió ilesa. En el 2003 la justicia federal imputó y proceso a Mestre padre, Aguad y Darwich por el delito de “administración infiel”. Se lo investigó por la misteriosa desaparición de 60 millones de dólares que fueron trocados por bonos correntinos impresos por Mestre y Aguad, de los cuales nada más se supo. El misterioso crédito, concedido por el Banco Nación, y que hoy es una pesada carga para la municipalidad correntina, había sido gestionado por el propio Aguad. Su destino era saldar diferentes deudas que tenía por entonces la Municipalidad de Corrientes. Entre estas, una deuda con el Instituto de Previsión Social, que se encargó de encajarles dichos bonos a los jubilados, recalculando sus haberes sin contemplar siquiera el 82% móvil.

Mientras se elaboró esta nota, Veintitrés trató reiteradas veces de comunicarse son el senador Mestre y el diputado Aguad. Pero luego de ser atendidos por sus respectivas secretarias, nunca devolvieron los llamados.
Fuente: Revista Veintitres.
Monte Caseros y los jubilados correntinos fueron los mas perjudicados por Mestre y sus cómplices
 
 
 
 
 
 
 
 
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